En Colombia existe un reclamo histórico frente a las barreras que impiden que todas las personas podamos acceder a justicia en condiciones de igualdad. Los grafitis y los carteles que se ondearon en las calles del país durante el paro nacional en 2021 son prueba de ello. La falta de una justicia efectiva en el país ha permitido que los conflictos se resuelvan a mano propia, y, además, ha generado una doble victimización para quienes luego de sufrir a causa del conflicto armado, deben soportar el dolor, la frustración y la impotencia ante la falta de respuesta estatal para investigar, juzgar y reestablecer sus derechos. En esta columna retratamos, a través de un caso de la vida real, las desigualdades en el acceso a la justicia que siguen afectándonos como país.
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